Arbolado público: llegan multas de hasta 15.000 unidades fiscales por dañar árboles en Mendoza
Una nueva resolución fija sanciones leves, graves y muy graves para quienes intervengan árboles sin cumplir la ley. Alcanza también a municipios y empresas eléctricas.
- Una nueva resolución provincial fija multas de entre 100 y 15.000 unidades fiscales por intervenciones indebidas sobre el arbolado público.
- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves según cantidad, edad y valor de los árboles dañados.
- La multa no exime de reparar o compensar el daño, y alcanza también a empresas eléctricas y sus contratistas.
Por Redacción mendonízate · Mendoza · mendonízate
En una provincia de clima árido, los árboles de la calle no son un adorno. Por eso el Gobierno de Mendoza puso en marcha un nuevo régimen de fiscalización y sanciones para quienes dañen el arbolado público, que complementa la Ley 7874, su reforma (Ley 9702) y el decreto reglamentario de este año.
Cuánto pueden ser las multas
Las infracciones se dividen en leves, graves y muy graves, con multas que van de 100 a 15.000 unidades fiscales. Para definir la gravedad se mira cuántos árboles se afectaron, su edad, su tamaño, su valor ambiental o patrimonial, si el daño tiene arreglo y si hay reincidencia.
Además de multas, hay apercibimientos y medidas de reparación. Y algo clave: pagar la multa no libera de reparar, recomponer o compensar el daño.
Quiénes quedan alcanzados
- Municipios: deben presentar un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada cuatro años e informes anuales. Si no cumplen, también hay sanciones.
- Empresas eléctricas y sus contratistas: las podas cerca del tendido tienen que hacerse con autorización y criterios técnicos, sin cortes excesivos.
- Cualquiera que intervenga un árbol público sin cumplir la normativa.
Capacitaciones
Antes de aplicar las sanciones, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque capacitó a unas 60 personas de municipios, Vialidad Provincial y Nacional y el Consejo de Defensa del Arbolado, y dio una jornada específica para las empresas de servicios eléctricos. Los municipios mantienen sus propias facultades de control dentro de su jurisdicción.
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